Irene Benito

“No creo que haya desde el retorno de la democracia hasta aquí un ataque de esta naturaleza a un periodista en Tucumán”. Con estas palabras, Irene Benito define la sucesión de acosos sufridos como consecuencia de la tarea que llevaba adelante como periodista de investigación. Esta periodista exponía los entramados que había en lo más hondo del Poder Judicial de su provincia y, por ello, empezó a sufrir las consecuencias.

Sus investigaciones dejaron sistemáticamente a la vista la falta de independencia de

jueces y fiscales tucumanos para castigar a los poderosos. En 2015, Benito estaba

investigando una maniobra de probable violación de derechos humanos perpetrada

por altas autoridades de la Justicia y una serie de abogados (causa “Teves”),

cuando la notificaron extraoficialmente por primera vez de que iban a usar el aparato

judicial para perseguirla a ella y a sus familiares.

Lo que siguió fue un derrotero de acusaciones penales, difamación contra la periodista y miembros de su familia, quienes también fueron imputados, en reveses judiciales que guardaron (tal lo demuestra el archivo judicial) relación directa con los estrados donde Irene había investigado. En síntesis, fue víctima de maniobras de SLAPP (por sus siglas en inglés), es decir demandas estratégicas contra la participación pública.

Las SLAPP son una forma de litigio abusivo que intimida y acosa a periodistas, medios de comunicación, manifestantes o defensores del medio ambiente y los derechos humanos. Estas demandas suelen ser iniciadas por políticos, funcionarios públicos, empresarios adinerados, grandes empresas y figuras públicas, con el fin de silenciar las voces críticas y sofocar el escrutinio y el debate público. En lugar de tratar de obtener una decisión favorable e indemnizaciones, el objetivo de las SLAPP es agotar a los demandados en procesos judiciales largos y costosos.

“Es una de las modalidades más extendidas en el mundo para periodistas. Yo tuve causas penales y también tuve una causa civil”, rememora Irene que desde que inició en el periodismo se especializó en judiciales por su formación de abogada. Su trabajo en el diario La Gaceta la hizo llegar a casos de corrupción: “empecé a investigar que había un grupo de jueces, de fiscales, de abogados que estaban entre sí bastante organizados para generar causas penales y sacar partido de esas causas”, describe a grosso modo sobre el trabajo hecho en equipo desde el diario pero por el que sufrió especialmente la venganza. Irene subraya el acompañamiento y la contención recibidos de parte de autoridades de La Gaceta, y de algunos colegas.

“Empiezan a tomarme a mí como blanco, ‘vos estás exhibiendo esto, estás desnudando esta realidad. Bueno, ahora te lo vamos a hacer con vos también’”, relata sobre las amenazas que comenzaron a llegar. El hostigamiento tomó diversas formas. Primero, utilizaron a un familiar suyo como instrumento de presión. “Habían estado buscando en el sistema de causas penales de la provincia alguien con mi apellido”, explica Irene. “Esta persona, familiar mío comienza a cargar con todo el sistema penal en su contra”.

Luego, la difaman públicamente. “Una alta autoridad del Poder Judicial comienza a hablar de mí y de mis familiares implicados en causas penales y de que en definitiva yo hacía todo lo que hacía para vengarme del sistema, porque el sistema persigue a mi familiares criminales”, relata Irene.

Finalmente, iniciaron causas penales en su contra, acusándola falsamente (como quedó demostrado por una sentencia firme del más alto tribunal de Tucumán) de asociación ilícita y estafa. “Me citan a declarar como imputada, aparezco ahí… La célebre foto que tengo con un montón de policías atrás mío, como si fuera un peligroso delincuente ”, describe Irene sobre la humillación pública que sufrió.

Todo su caso, asevera, sirvió de disciplinamiento y tuvo que dejar de investigar los temas en los que llevaba años trabajando porque Tucumán es chico y cualquier historia periodística terminaba inexorablemente en manos de los jueces y fiscales que tenían sus expedientes y los de sus familiares. “La forma en la que lo exhibieron y la manera en la que en la que se ocuparon con todos los aparatos de publicidad disponibles de mancharme, dieron un mensaje muy aleccionador a los periodistas. Los temas de corrupción que yo llevaba, de corrupción judicial, dejaron de cubrirse”, refiere.

El acoso judicial y reputacional de la periodista Benito ha sido motivo de debate y de manifestaciones de apoyo en ámbitos especializados en las libertades de prensa y de expresión locales, nacionales e internacionales, como la Asociación de Prensa de Tucumán, el Foro de Periodismo Argentino, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), la Fundación LED, la Sociedad Interamericana de Prensa, WAN-Ifra, Voces del Sur y hasta el Departamento de Estado de Estados Unidos (ver algunas publicaciones y pronunciamientos).

Contra la criminalización de Benito se expidieron desde organizaciones de la sociedad civil hasta partidos políticos pasando por ciudadanos particulares que manifestaron su respaldo en las redes sociales y en cartas al director de La Gaceta.

Irene sufrió una década de hostigamiento judicial y amenazas por investigar la corrupción en la provincia. Su caso, que comenzó en 2014 y se intensificó en 2020, revela la vulnerabilidad de los periodistas que se atreven a desafiar al poder y destapar tramas oscuras de los mismos que debieran impartir justicia. “Lograron silenciar las investigaciones de corrupción judicial que hacía en Tucumán”, destaca.