Espejismos de Papel
La Brecha entre los Protocolos y la Protección Real en el Periodismo
Sandra Chaher
Sandra Chaher, destacada comunicadora feminista y presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, aportó a la capacitación de FOPEA una perspectiva regional y un análisis crítico sobre la implementación de protocolos contra la violencia de género en los medios. Con una sólida formación en comunicación, género y derecho, y como autora de numerosas publicaciones, compartió hallazgos de la investigación “Medios sin violencia”, realizada por su organización con apoyo de la UNESCO.
La investigación regional, cuyos datos se recogieron a fines de 2023 e inicios de 2024 a través de encuestas a 108 periodistas de 14 países y análisis de protocolos, reveló un panorama complejo. Si bien un 57% de los medios no tenía protocolos, Chaher interpretó el 43% restante como un avance significativo post-”Ni Una Menos”. No obstante, la alta conciencia sobre casos de violencia (75% de las encuestadas conocía al menos uno) contrastaba con la escasa presencia de áreas especializadas (sólo 18.5% de los medios, mayormente grandes).
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Chaher expuso las tensiones y desafíos evidenciados en el estudio. Señaló que los protocolos suelen surgir reactivamente tras escándalos de abuso, y no como parte de una política preventiva integral. Alertó sobre la falta de recursos en medios pequeños para desarrollar e implementar estas herramientas, sugiriendo la formación de alianzas con ONGs especializadas como posible solución. Criticó la frecuente impunidad de los agresores, a menudo protegidos por ocupar posiciones jerárquicas, y la existencia de protocolos “cajoneados”, sin difusión interna ni aplicación real.
El análisis detallado de 27 protocolos existentes (de medios y sindicatos) mostró una gran heterogeneidad: algunos bien alineados con los derechos humanos, pero otros con sesgos discriminatorios. Identificó puntos débiles recurrentes: la falta de claridad sobre la responsabilidad del medio en casos de violencia digital relacionada con el trabajo, un acompañamiento a las víctimas a menudo limitado y sin enfoque integral (posiblemente por costos), escasas estrategias de prevención y abordaje de riesgos psicosociales, y un pobre desarrollo de sanciones efectivas y mecanismos de reparación.
Uno de los datos más preocupantes presentados fue la bajísima tasa de denuncias formales (menos del 30% de los casos relatados). Chaher vinculó directamente esta cifra con la percepción generalizada de impunidad (en más de la mitad de los casos los agresores no fueron sancionados) y el alto riesgo de represalias para quienes denuncian (despidos, amenazas, quite de tareas en un 41.5% de los casos reportados). El perfil de los agresores, tanto offline (superiores, colegas) como online (figuras políticas, gubernamentales, mediáticas), confirmó la implicación de estructuras de poder.
En sus conclusiones, Sandra Chaher reafirmó la alta prevalencia de la violencia y la persistencia de redes de complicidad que protegen a los agresores. Si bien los protocolos y áreas especializadas son valorados por las trabajadoras, su efectividad se ve minada por la falta de recursos, la complejidad del contexto sociopolítico y la resistencia a implementarlos genuinamente. Constató que el apoyo real proviene fundamentalmente de redes de pares y organizaciones externas, no de las empresas, y mencionó con preocupación el retroceso de figuras como las editoras de género en Argentina, en un contexto más amplio de disputa sobre las políticas de igualdad.
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